Cometario del Mes de Octubre 2006

"La pena de muerte en debate"

por: RP. Gustavo Gutierrez

Aunque parezca mentira estamos nuevamente debatiendo en el país acerca de la pena de muerte. Lo hicimos hace unos quince años cuando se habló de ella -ante otros inauditos y criminales casos de violencia- como una respuesta espectacular y de corta mirada respecto a los problemas de fondo de nuestra convivencia social. Cuestiones que nos negamos a mirar cara a cara porque comprometen intereses que no nos atrevemos a tocar.  
Los horribles crímenes de violación y asesinato de niños han presionado, se comprende, a amplios sectores de la opinión pública a poner el asunto nuevamente sobre el tapete. Pero no es el único motivo para este replanteamiento, cuenta también, y mucho,  la tajada política que, sobre todo, en época electoral, aparecía tentadora a algunos candidatos, novatos o experimentados, con poco que ofrecer a sus eventuales electores. A todo esto se sumó un fácil, y calculado, eco de ciertos medios de comunicación, ávidos de temas estridentes o deseosos de aumentar sus ventas. 

Lentamente se abre paso, sin embargo, una postura no sólo más madura sino, igualmente, más realista al respecto. Posición que quiere ir a las raíces del asunto. Su punto de partida es también, es oportuno recordarlo para evitar malentendidos y argumentos especiosos  o simplemente emotivos, el definitivo rechazo que nos produce la atrocidad e inhumanidad de los hechos que  se cree detener con la pena de muerte. Es más, esa repulsa nos lleva no a moderar la respuesta de la sociedad, sino a radicalizarla de manera que se tomen las disposiciones que puedan atacar frontalmente  esas vejaciones contre seres indefensos.   

Es necesario ser claro, y hasta repetitivo, acerca de lo que hoy constituye un consenso hecho de larga experiencia y de acuciosos estudios: la pena de muerte no disminuye los crímenes que queremos proscribir. Se trata de una convicción con características universales, ante la cual la opinión de que ‘eso no vale para el Perú’, un curioso privilegio esgrimido por algunos (y algunas) de sus más fervientes defensores, no se sabe si reír o llorar. Si las personas, madres y padres de familia, que con legítima indignación defienden la pena de muerte, se convencieran de su inutilidad podría instalarse un debate sereno, sin que perdiera nada de su urgencia y firmeza. Tenemos en esto una tarea importante.

Pero eso no es todo. Está en cuestión el valor de la vida humana, particularmente en un país en que ella no parece ser muy apreciada. Lo hemos comprobado con la terrible y sanguinaria violencia terrorista de las dos décadas finales de siglo pasado, así como con la violencia que en más de un caso se puso a su nivel, con motivo de contrarrestarla. Lo demuestra también la violencia cotidiana y callejera, que da lugar a una creciente preocupación por la seguridad ciudadana. No debe extrañarnos, por eso, que haya quienes hayan sugerido ya que la pena de muerte debe extenderse a los autores de robos violentos. Por otra parte, para un creyente en el mensaje de Jesús el valor de la vida tiene como fundamento último el ser un don de Dios, una razón adicional para decir que ella   no está a la merced de decisiones humanas. Estamos ante una aserción de la que todavía no hemos sacado todas las consecuencias

No se educa, por ello, a una sociedad que no respeta la vida humana promoviendo la pena de muerte, aunque se le cubra legalmente, sino, precisamente,  caminando en el sentido contrario. Sobre todo si se tiene en cuenta su carácter irreversible, cuando se sabe de los límites de la justicia humana, como ha sido recordado en este tiempo en so, nados casos de nuestra  historia reciente.  El riesgo de graves injusticias es mayor si pensamos en las enormes deficiencias -acerca de las cuales hay un doloroso acuerdo nacional- que padecemos en el sistema judicial peruano de las que somos testigos día a día. Lo sabemos de antemano, esa pena la sufrirán mayormente aquellos que no posean los medios necesarios para articular una defensa eficiente, los más pobres de la sociedad. Primeras víctimas de todos los ajustes y reajustes de nuestros países. Sin decir que respecto de los violadores al interior de las familias y barrios seguirá reinando el silencio y la impunidad de hecho. ¿De que intimidación se habla entonces?

 Los execrables hechos que han motivado nuevamente la discusión sobre este asunto, recordados al inicio de estas líneas, no deben hacernos olvidar, por estas y otras razones, que de lo que se trata es de ir al fondo del problema: ponernos en la ruta para forjar una sociedad justa y humana. La pobreza no justifica la criminalidad que hemos mencionado, pero ella es destructora de personas y de familias, creando caldos de cultivo para maltratos y abusos en las relaciones personales. Hay una enorme necesidad de construir las condiciones de una vida en sociedad digna de seres humanos, esto acarrea exigencias en el campo del derecho al trabajo, a la salud, a la educación. No son, por cierto, soluciones mágicas, no se eliminan todos los comportamientos sociales aberrantes, cualquiera que sea su situación social, pero podremos cernirlos mejor y tomar medidas más adecuadas y respetuosas de la dignidad personal. Naturalmente, eso postula requerimientos globales y radicales, por eso mismo urge atenderlos, aunque hoy los cambios que implican vayan contra intereses económicos y privilegios sociales.

 De otro modo, estaremos cansinamente fijados a las consecuencias y desatendiendo las causas, a una gran parte de ellas por lo menos.

                                                                  Gustavo   Gutiérrez

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Cometario del Mes de Agosto 2006

"Lay Fung: para mirarnos mejor"

por: Susana Villarán

“(Peru.com: 2006/7/12) El perro de raza rottweiler, que el último martes matara a un sujeto que ingreso a una cochera para robar, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Abancay, podría ser sacrificado. El can será entregado el 21 de julio a la División de Homicidios de la Policía, mientras el titular de la Décima Fiscalía Penal de Lima, Elmer Ríos Luque, inició una investigación preliminar al respecto. El fiscal irá en los próximos días al lugar del incidente para constatar los hechos y determinar la suerte del animal. "Lay Fung", de cuatro años, fue conducido al Centro Antirrábico de Lima, luego de matar al infortunado ladrón y permanecerá en dicho lugar por 10 días para determinar si tiene rabia. Según la jefa de dicho centro, Mónica Villanueva, el can se encuentra en la zona cuarentenaria, está tranquilo y sin rasgos de haber sido maltratado por el delincuente”

Nos enseñaron en periodismo que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino lo contrario. No es este el caso, sin embargo, del episodio protagonizado por el rottweiller “Lay Fung”, perro guardián que arremetió contra un hombre que iba a robar una casa y quien se desangró hasta morir, víctima de los feroces mordiscos del mastín. No recordamos quién murió de esta bárbara manera, pero todos hemos hablado de Lay Fung –quien merece hasta un blog especial en el internet y que se pasea triunfador por el cuartel policial de El Potao, incorporado con honores a la Policía Canina–.

Las preguntas nos asaltan ¿Qué nos pasa que reaccionamos de esta manera, ya que en todas las encuestas de los días que siguieron a este acontecimiento, la mayor parte clamaba por la vida del perro y elogiaban su coraje y valentía avalando la muerte del delincuente?. ¿Es que el sentimiento de desamparo y la percepción de inseguridad son de tal magnitud que el valor de la vida de una persona se ha devaluado tanto? ¿Será, acaso, que la persona en cuestión era además un ser insignificante cuyo nombre no merecía siquiera ser recordado, de piel oscura; peor aún, un delincuente fracasado –y no de cuello blanco– y que por todo ello, su vida valía menos que la de un perro?

Es cierto que ante la ausencia de reformas profundas en la seguridad ciudadana y en la justicia, tendemos a tomar la justicia en nuestras propias manos, hastiados de la ausencia de autoridades legítimas y de la impunidad frente al delito. De ahí los innumerables linchamientos en distintas partes de la Ciudad de Lima y en el resto del país que nos confirman que para muchos, una gran mayoría, la seguridad y la justicia son bienes públicos inalcanzables.

No es difícil de entender, en este contexto, por qué Alan García excitara durante dos largas semanas del primer mes de su segundo gobierno a la población con el tema de la pena de muerte para violadores que asesinan a los niños. Cosechaba una tierra fértil, una sociedad ávida de castigo, sedienta de orden, profundamente desprotegida y a la intemperie. A falta de propuestas de reformas de fondo, más valía movilizar los sentimientos más primarios y las emociones más arcaicas.

Pero el tema es más hondo aún. Alguien dijo que alguna vez que las vidas de unos valen más que la de otros en el Perú. Es cierto. En este caso, Lay Fung es la caricatura de un mal nacional. Eso fue lo que nos sucedió en el Perú no hace mucho. Lo relató sin eufemismos ni concesiones la Comisión de la Verdad cuando hace tres años exactamente nos dijo en su Informe Final que el setenta y cinco por ciento de las víctimas del conflicto armado interno eran campesinos, quechua hablantes y pobres. Que fueron más de 69,000 las víctimas y que siempre habíamos hablado de la mitad. ¿Qué pasó con el resto, que ni siquiera los echamos de menos? preguntó Salomón Lerner al presentar el Informe Final.

Ahí radica el profundo escándalo de una sociedad de integrados que convive desde siglos con la discriminación y la exclusión de decenas de miles de compatriotas nuestros. Sus lenguas son de otros, producen vergüenza; su color les cierra puertas y oportunidades; según el lugar en el que nazcan, se les niega hasta el registro de nacimiento–catorce de cada cien niños y niñas–; también las posibilidades de sobrevivencia y de educación si son niños que han nacido en comunidades rurales altoandinas o de selva o la infraestructura básica de agua, desagüe, electricidad, caminos rurales y la asistencia técnica para aumentar la bajísima productividad que afecta al 85% de los productores en el Perú.

Los delincuentes, nos guste o no, son seres humanos. Su conducta delictiva debe ser sancionada oportuna y eficazmente aplicando la ley por igual a todos. Pero en este caso de Lay Fung, se trastocó completamente el valor de la vida. Es por ello que este rottweiller y las reacciones que el caso ha suscitado resultan un símbolo de todo esto, el espejo perverso en el que debemos mirarnos mejor a nosotros mismos para descubrir quiénes somos y qué debemos hacer para construir entre nosotros una comunidad de iguales dentro de nuestras diferencias..

El episodio de Lay Fung no deberá ser olvidado para que hagamos memoria de todo aquello que hace falta en el Perú: reformas profundas en la educación, en la salud, en la seguridad y la justicia para construir oportunidades y amparar a todos y todas. Lay Fung, el perro, deberá hacernos recordar que nuestra cultura está impregnada de racismo y discriminación por el color de la piel, por el género y la orientación sexual, por el lugar donde nacimos y los estereotipos con los que nos descalificamos tan fácilmente.

Finalmente, tengo que decir que he buscado infructuosamente en los diarios a través del internet el nombre de la persona que, intentando cometer un delito, murió desangrado por los mordiscos feroces de Lay Fung. No lo he encontrado entre tantos nombres relacionados con el episodio. Si el de la veterinaria, la responsable del centro antirrábico, el fiscal, y tantos otros. A ver si algún lector o lectora más acuciosa de esta web lo rescata. Al menos su nombre, ¿no les parece?

Susana Villarán de la Puente

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